Ciudad Nueva.- La seguridad del abogado Jean Cristofer Pérez se ha convertido en una preocupación urgente luego de que su defensa denunciara amenazas graves provenientes de los propietarios de la empresa Grupo Paceo.
Según el equipo legal de Pérez, las intimidaciones han aumentado a raíz de las querellas interpuestas por el abogado, quien representa a más de veinte personas defraudadas por dicha empresa.
Los abogados señalan que las amenazas no solo afectan a Pérez, sino también a las víctimas que han sido presionadas por los responsables a través de querellas y demandas legales.
Bomar Alexis Quezada, uno de los abogados defensores, no ocultó su alarma sobre el riesgo que corre Pérez. Durante una rueda de prensa realizada en la explanada del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Quezada cuestionó el silencio del Ministerio Público ante lo que calificó como una amenaza palpable para la vida del abogado: «¿Debemos esperar que Jean Cristofer aparezca víctima de un destino similar al del abogado Junior Ramírez, para que el Ministerio Público actúe?».
El abogado hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas preventivas y castiguen a aquellos que utilizan su poder y contactos para evadir la justicia.
Acompañado de víctimas afectadas por el fraude, Pérez expresó su descontento por la falta de acciones legales concretas, a pesar de los allanamientos realizados en las sedes de Grupo Paceo y la constructora Novo Vasco el 31 de enero pasado.
Sin embargo, según Pérez, solo la empresa Novo Vasco ha enfrentado procesos legales, mientras que Grupo Paceo sigue sin rendir cuentas ante la justicia.
Pérez también denunció una actitud desafiante por parte de los directivos de Grupo Paceo, quienes, según él, han utilizado represalias legales contra las víctimas y sus abogados.
Un caso llamativo es la demanda presentada contra el juez Rigoberto Sena, quien autorizó el allanamiento de la constructora.
Pérez cuestionó abiertamente el nivel de protección que podrían estar recibiendo estos directivos y cómo el Ministerio Público ha fallado en avanzar con los procesos.
El abogado Bomar Quezada finalizó responsabilizando a las autoridades judiciales, aludiendo a la falta de una respuesta contundente frente a la evidencia de fraude y las denuncias reiteradas.
Las víctimas siguen exigiendo justicia inmediata para garantizar su seguridad y el esclarecimiento de los hechos, mientras el temor crece entre los afectados y sus defensores, quienes aseguran que la pasividad de las autoridades está creando un ambiente de impunidad y peligro.
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