Estados Unidos.- La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender fondos destinados a organizaciones civiles que brindaban asesoría legal gratuita a migrantes en centros de detención y cortes de inmigración ha generado gran preocupación.
La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, deja a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad, sin acceso a la información necesaria para defenderse en procesos de deportación.
La nueva directriz del Departamento de Justicia ha restringido drásticamente la asistencia legal para los migrantes que enfrentan audiencias en las cortes de inmigración.
Entre los programas cancelados se encuentra el Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés), una iniciativa federal que durante años permitió a los migrantes conocer sus derechos y opciones legales dentro del país.
Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, expresó su preocupación, calificando la decisión como un «ataque directo contra los migrantes».
La experta destacó que esta restricción afecta tanto a quienes recién llegan a la frontera como a aquellos que ya residen en el país y buscan regularizar su situación migratoria.
A diferencia de los procesos penales, la ley de inmigración en EE.UU. no garantiza el derecho a un abogado de oficio, lo que obliga a muchos migrantes a enfrentar solos un sistema legal altamente complejo.
Organizaciones como el Proyecto Florence, que desde 1989 ofrecían orientación gratuita en derechos constitucionales y defensa legal, advierten que esta eliminación de fondos ocurre en un momento crítico, ya que las autoridades han intensificado las redadas y detenciones en todo el país.
El costo de la defensa legal representa otro obstáculo insalvable para muchos migrantes. Según el abogado Ben Martínez, los honorarios de los abogados privados pueden alcanzar miles de dólares, sin contar el pago de fianzas, que pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares por persona, en caso de que un juez conceda la libertad condicional.
Desde la implementación de esta orden, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha restringido el acceso a los centros de detención en Arizona, impidiendo que abogados y representantes del Proyecto Florence brinden apoyo legal a los migrantes detenidos.
A esto se suma la escasez de traductores, que afecta especialmente a personas de comunidades indígenas que no hablan español.
El Programa de Orientación Legal (LOP), financiado por el Congreso desde 2003, fue una herramienta fundamental para brindar asesoría a migrantes en todo el país.
Ante su cancelación, el Proyecto Florence ha lanzado una campaña en redes sociales, instando a la población a contactar a sus congresistas para exigir la restitución de estos fondos.
John advirtió que sin estos recursos, miles de personas enfrentarán procesos de deportación sin una defensa adecuada, lo que podría dejar a muchas familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.
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