Escrito por Santo Eduardo Espinal Espinal, M.A.
Magister en Criminología
La participación de las mujeres en las pandillas en El Salvador, específicamente en bandas criminales como la Mara Salvatrucha (MS13) y la banda Barrio 18 (B18), es un fenómeno de gran complejidad y dualidad. Según estudios de Tickner (2020) y Planchadell-Gargallo (2016), las mujeres suelen unirse a estas pandillas como una forma de buscar protección, afecto, recursos e identidad en medio de condiciones socioeconómicas adversas y entornos de extrema pobreza y violencia.
En estos grupos criminales, las mujeres no solo son miembros activos, sino que también son a menudo víctimas de la estructura a la que pertenecen. Como miembros activos, inicialmente se les asignan roles «operativos», pero con el tiempo pueden llegar a desempeñar funciones más serias, como la vigilancia, extorsión, narcotráfico y sicariato. Un ejemplo de esto es el caso de Arleth Liliana Torres, alias «Palina», que ingresó a la pandilla B18 a la edad de 12 años y con el tiempo fue entrenada para cometer asesinatos y almacenar armas.
Sin embargo, a pesar de su participación activa en la estructura criminal, las mujeres rara vez alcanzan puestos de liderazgo máximo y deben permanecer leales a los líderes masculinos bajo amenaza de muerte, reflejando la prevalencia de un entorno patriarcal y machista.
Por otro lado, su papel de víctimas se manifiesta en el hecho de que a menudo son objeto de violencia sexual y se les relega a roles tradicionales de género como el cuidado de sus compañeros pandilleros y la realización de tareas domésticas, incluso mientras participan en actividades criminales. La infidelidad hacia los ranfleros, los miembros con mayor poder, es castigada con la muerte, poniendo en evidencia su vulnerabilidad y sumisión.
Por tanto, la participación de las mujeres en las pandillas de El Salvador es una realidad que desafía las narrativas simplistas y muestra una intersección entre su papel como agentes activos y víctimas dentro de la estructura criminal, lo que exige una comprensión más matizada de su rol en el crimen organizado.
Es incuestionable que cualquier individuo, independientemente de su género, que se encuentre en situación de prostitución forzada, es una víctima. En su análisis, Planchadell-Gargallo (2016) ilustra que los delitos de corrupción, incluida la trata de personas, afectan a hombres y mujeres por igual, poniendo en relieve que el género no constituye una barrera a la victimización, como en el caso en cuestión.
En la misma línea de pensamiento, Tickner (2020) subraya la premisa de que el crimen organizado, siendo uno de los principales vehículos de la prostitución coactiva, se aprovecha de la vulnerabilidad de individuos sin distinción de género. Esta realidad refuerza la idea de que también los hombres pueden ser, y de hecho son, víctimas de prostitución forzada.
En el mismo sentido, Mendiola (2012) enfatiza que el objetivo principal debe ser la protección de todas las personas, independientemente de su género, frente al crimen organizado transnacional. Evidentemente, estas organizaciones criminales de alcance transnacional no hacen distinción de genero a la hora de colocar en estado de vulnerabilidad a cualquiera de sus miembros, sin embargo, la dualidad activo-pasiva de la mujer, las coloca en un rol de desventaja, siendo la más de las veces, víctimas de su propia organización criminal.
Finalmente, en lo que se refiere a los convenios del Consejo de Europa (2005, 2011), a pesar de que su lenguaje puede parecer centrado en las mujeres, estos deben entenderse en un contexto más amplio que abarca todas las formas de violencia y explotación. Así, no solo se aborda la violencia contra las mujeres, sino que también se reconoce a los hombres como posibles víctimas de trata y violencia.
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